Resolucion del Mispas: Legitimidad o taranía?

Resolucion del Mispas: Legitimidad o taranía?

El Ministro de Salud Pública el pasado 27 de junio, mediante declaración pública, anuncia una serie de medidas tomadas por este ministerio, restrictivas y limitativa de algunos derechos fundamentales de los ciudadanos. Por lo que, estas líneas, están dedicadas a examinar brevemente, dicha declaración, desde el enfoque constitucional y de los derechos fundamentales y desde el enfoque legal en cuanto a las atribuciones del ministro de salud como parte de la administración pública y la facultad o no de tomar medidas con este alcance.

Desde el punto de vista constitucional lo primero que debemos acotar es que la misma constitución establece que tenemos en República Dominicana un Estado Social, Democrático y de Derecho. Pero si despejamos las variables y nos centramos en el concepto de Estado Social, debemos afirmar que el Estado de derecho y los derechos fundamentales tienen entre sí una correlación e interdependencia simbiótica, ya que, sin uno, el otro no puede tener cabida, es así, que el Estado de Derecho exige e implica para ser tal, de los derechos fundamentales y al mismo
tiempo, los derechos fundamentales, requieren para su realización un Estado de Derecho.

Dicho lo anterior, se puede afirmar que nuestra constitución, también representa el soporte material de la actuación de los derechos fundamentales, pues la misma, se encuentra, en su mayor parte, integrada por esos derechos fundamentales que delimitan el régimen de la propiedad, la libertad de empresa, el sistema tributario o
el marco de las relaciones laborales y de seguridad social.

Es por esto que, la misma constitución establece cuáles son nuestros derechos fundamentales, estableciendo un catalogo de derechos no limitativos y que los mismos no pueden ser restringidos, vulnerados, limitados, suspendidos, eliminados, sino, y solo en los casos y en las excepciones, y en estricto cumplimiento de las
condiciones de forma y fondo que establecen la constitución y las leyes para que estos puedan ser vulnerados.

Dicho de manera más llana, los derechos fundamentales, de todos los ciudadanos, solo pueden ser vulnerados o limitados en los casos y con la formalidad que establece la ley, de lo contrario, su vulneración sería ilegal.

Es precisamente, por este mandato constitucional, que el Presidente de la República Dominicana, para tener la facultad de limitar algunos derechos fundamentales de la sociedad, debió solicitar la aprobación al Congreso (Diputados y Senadores) de la declaratoria de estado de emergencia y bajo esta circunstancia, tener autorización
constitucional para limitar y suspender los derechos fundamentales que la misma Carta Magna le permite en estados de emergencia.

Este es el mejor ejemplo, de que los derechos de los ciudadanos no se pueden limitar, ni por cualquier funcionario, ni sin la previa autorización legal o constitucional y en los casos y bajo las formalidades que dispone la carta magna, tal
y como lo estuvo haciendo nuestro Presidente.

Sin embargo, no hemos encontrado en la Constitución disposición que establezca que un Ministerio, pueda tener la facultad, o pueda agotar un proceso, al igual que el presidente de la República, que le permita suspender, limitar o restringir el ejercicio de algún derecho constitucional. Pero, por el principio de la Supremacía de la Constitución, todo lo que le sea contrario, es nulo o toda ley, decreto, reglamento que sea violatorio a los derechos reconocidos en la carta magna, devienen en inconstitucional y por lo tanto, inaplicable.

En cuanto al aspecto administrativo de la declaración del Ministro de Salud Pública, como ente de la administración pública, sus actuaciones se rigen dentro de la esfera del derecho administrativo, derecho al cual, se le ha identificado como “derecho constitucional aplicado”, criterio y definición, que tanto el constituyente, como el legislador ordinario dominicano, al parecer se han suscrito, pues la aprobación y promulgación de las más recientes normas de la rama del derecho administrativo emanan y provienen de un mandato constitucional directo y expreso.

Es de esta forma que el derecho administrativo está regido por la ley No. 107-13 en la cual encontramos su fundamento constitucional ya que en el artículo 138 de la Carta Magna, la Administración Pública debe regirse por los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, disponiéndose de manera expresa en el numeral 2 del referido artículo, que una  ley deberá regular el procedimiento a través del cual deben producirse las resoluciones y actos administrativos, garantizándose la audiencia y participación de las personas
interesadas, con las excepciones que establezca la propia ley.

La ley núm. 107-13, sobre derechos de las personas con la administración y proceso administrativos, tiene el propósito básico de regular las relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública, principalmente, en el marco del procedimiento administrativo. Esta ley tiene como objetivo contribuir a garantizar un ejercicio más efectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos, al establecer procesos para actuaciones administrativas, plazos de respuesta a los ciudadanos, así como los deberes y obligaciones de las entidades de la Administración Pública frente al administrado.

Lo que significa, que la declaración que hace el ministro de salud, en base a una resolución administrativa, debe respetar los derechos fundamentales de los administrados y es la misma ley que dispone los mecanismos y procedimientos a los que debe ceñirse la administración pública y por ende, el ministerio de Salud
Pública como un ente de dicha administración.

Que muy lejos de la interpretación y lectura que se le ha dado a las disposiciones de
los artículos 143 al 145, de la Ley 42-01, Ley General de Salud, es la que podemos
leer e interpretar, ya que, la misma norma especifica el carácter de medidas
administrativas, segundo, medidas de carácter preventivo y de seguridad y tercero y
no menos importante, no establecen ninguno de estos artículos que el Ministerio de
Salud Pública tenga la facultad de tomar medidas administrativas restrictivas de
derechos fundamentales, siendo un principio de la actuación de la administración
pública que, lo que no está establecido como facultad de la administración pública,
le está prohibido. Y si además, leemos las atribuciones de las autoridades de salud,
en el artículo 142 de la misma ley, no establece esta norma la atribución de limitar,
restringir o suspender en sus resoluciones administrativas, los derechos
fundamentales de los ciudadanos administrados.

Y es que, aceptar esta limitación a nuestros derechos fundamentales, sería
desconocer el carácter de Norma suprema de nuestra Constitución y su carácter
obligatorios, tanto para la administración como para los administrados, y que
nuestro sistema de derecho no es tal y que nuestros derechos fundamentales se
encuentran a diestra de lo que disponga cualquier Ministro del Estado.

Aceptar esta declaración del Ministerio de Salud Pública, significa admitir, que este
funcionario tiene la facultad de limitar nuestros derechos de manera unilateral, con
un solo acto administrativo, sin siquiera contar con la aprobación de otro estamento
del Estado, como el Congreso y sin la tutela que le corresponde al Poder Judicial.
Nosotros, como sociedad estaríamos aceptando que estamos a merced, de un
Ministro, que tiene en sus manos la protección de nuestros derechos fundamentales
y en el caso que nos ocupa, el ministro de salud pública, tiene nuestra salud y vidas
en sus manos.

El ministro de salud tiene en estos momentos la obligación y el deber de
garantizarnos que implementara las medidas preventivas y de seguridad dentro del
radio de acción de sus atribuciones y tomar decisiones que impliquen políticas
públicas orientadas a la salud y no políticas, meramente políticas, con objetivos
difusos, pero no centrados en la salud, pues los resultados de las acciones tomadas
hasta el momento, dan cuenta de que debe darse un enfoque y un abordaje diferente
al tratamiento de la pandemia en nuestro país.

Las leyes son claras, públicas, estables, justas, y protegen derechos fundamentales
de los ciudadanos y la administración pública debe regirse por el principio de
Legalidad de la Administración, la cual esta regulada por la ley y esta supeditada al
control judicial, por lo que, esta declaración del ministro de salud, debe ser
reconsiderada o en su defecto ponderada por las autoridades que tienen a su cargo
la facultad del control y garantía de la supremacía constitucional, el respeto y
protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos dominicanos.